SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Miles de Euros)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.e

Las Notas 1 a 42 y los Anexos I a V, incluidos en la Memoria adjunta,

forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2020.

SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Miles de Euros)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.e

Las Notas 1 a 42 y los Anexos I a V, incluidos en la Memoria adjunta,

forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2020

SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Miles de Euros)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.e

Las Notas 1 a 42 y los Anexos I a V, incluidos en la Memoria adjunta, forman parte integrante

de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020.

SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Miles de Euros)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.e

Las Notas 1 a 42 y los Anexos I a V, incluidos en la Memoria adjunta, forman parte integrante

del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2020.

SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES

A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Miles de Euros)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.e

(**) Véase Nota 1.i

Las Notas 1 a 42 y los Anexos I a V, incluidos en la Memoria adjunta, forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2020.

SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES

A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Miles de Euros)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 42 y los Anexos I a V, incluidos en la Memoria adjunta, forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2020.

SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Miles de Euros)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 42 y los Anexos I a V, incluidos en la Memoria adjunta, forman parte integrante del

estado de flujos de efectivo del ejercicio 2020.

Santander Consumer Finance, S.A.

Memoria correspondiente

al ejercicio anual terminado

el 31 de diciembre de 2020

1. Reseña del Banco, bases de presentación de las cuentas anuales y otra información

a)  Reseña del Banco

Santander Consumer Finance, S.A. (el “Banco”), fue constituido en 1963 con la denominación social de “Banco de Fomento, S.A.” habiendo cambiado esta denominación posteriormente, hasta alcanzar la actual. Es una entidad de derecho privado, sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en España, que tiene su sede social en Avenida de Cantabria, s/n, Edificio Dehesa, Boadilla del Monte, Madrid, donde pueden consultarse los estatutos sociales y demás información pública sobre el Banco. El Banco se encuentra inscrito en el Registro oficial de Entidades de Banco de España con el código 0224.

Su objeto social es recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras actividades análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos, por cuenta propia, a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza. Asimismo, como sociedad cabecera de un grupo financiero (Grupo Santander Consumer Finance, el “Grupo”), gestiona y administra la cartera de participaciones en sus sociedades dependientes.

El Banco está integrado en el Grupo Santander, cuya entidad dominante (Banco Santander, S.A.) participaba, directa e indirectamente, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en la totalidad del capital social del Banco (véase Nota 23). Banco Santander, S.A. tiene su domicilio social en el Paseo de Pereda, números 9 al 12 de Santander (Cantabria). En este sentido, la actividad del Banco debe entenderse realizada en el marco de su pertenencia y de la estrategia del Grupo Santander, con el que realiza transacciones relevantes para su actividad (véase Nota 41). Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Santander del ejercicio 2019 fueron formuladas por los Administradores de Banco Santander, S.A., en la reunión de su Consejo de Administración celebrada el 27 de febrero de 2020, aprobadas por su Junta General de Accionistas celebrada el 3 de abril de 2020 y depositadas en el Registro Mercantil de Santander. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Santander del ejercicio 2020 está previsto que sean formuladas el 22 de febrero de 2021 por sus Administradores.

El Banco cuenta con una oficina (Madrid), no cotiza en Bolsa y, en el ejercicio 2020, ha desarrollado la mayor parte de su actividad directa en el territorio español.

El Banco es cabecera de un grupo europeo que cuenta con 49 sucursales distribuidas por el territorio nacional (51 sucursales al 31 de diciembre de 2019), y realiza actividades de arrendamiento financiero, financiación de compras de cualquier tipo de bienes de consumo efectuadas por terceros, renting, y otras. Adicionalmente, desde diciembre de 2002, el Banco es cabecera de un grupo europeo de entidades, fundamentalmente financieras, que desarrollan actividades de banca comercial, financiación de bienes de consumo, arrendamiento operativo y financiero, renting y otras, principalmente, en España, Alemania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Holanda, Bélgica, Noruega, Finlandia, Portugal, Suecia, Dinamarca y Suiza. El Grupo cuenta, al 31 de diciembre de 2020, con 256 sucursales (264 sucursales al 31 de diciembre de 2019) distribuidas por el resto del territorio europeo.

Durante el año 2020 se ha constituido, una vez obtenida la pertinente autorización, una sucursal en Grecia con el objeto de realizar actividades de financiación de compras de cualquier tipo de bienes de consumo efectuadas por terceros, arrendamiento financiero, renting, y otras.

1

Los Administradores del Banco, como sociedad dominante de un grupo empresarial, han formulado, simultáneamente a las cuentas anuales individuales del Banco del ejercicio 2020, las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes a dicho ejercicio. De acuerdo con el contenido de dichas cuentas anuales consolidadas, que han sido preparadas conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, tomando en consideración la Circular 4/2017 del Banco de España y sus modificaciones posteriores, el importe de los activos y del patrimonio neto consolidado del Grupo al cierre del ejercicio 2020 asciende a 120.035 millones de euros y 13.907 millones de euros, respectivamente, (114.583 millones de euros y 13.243 millones de euros, respectivamente, al 31 de diciembre de 2019) y el beneficio neto consolidado del ejercicio 2020 atribuido a la entidad dominante a 504 millones de euros (1.133  millones de euros de beneficio en el ejercicio 2019).

El Banco no cuenta con agentes a los que les sea aplicable artículo 21 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

b)  Bases de presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2020 han sido formuladas por sus Administradores (en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 18 de febrero de 2021), de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación, que es el establecido en el Código de Comercio y en la restante legislación mercantil, en la Circular 4/2017 del Banco de España y sus sucesivas modificaciones y en otras normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Banco de España, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco al 31 de diciembre de 2020 así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo generados durante el ejercicio anual terminado en esa fecha. Dichas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros de contabilidad del Banco.

Las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas del Banco en su reunión celebrada el 28 de mayo de 2020 y depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. Las cuentas anuales del ejercicio 2020 se encuentran pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración del Banco entiende que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin cambios.

c)  Principales cambios normativos

Se presenta a continuación, un resumen de los principales Circulares del Banco de España aplicables, emitidas y que entraron en vigor en el ejercicio 2020

Circular 1/2020, de 28 de enero, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España, sobre la Central de Información de Riesgos. (BOE de 5 de febrero de 2020).

El pasado 15 de marzo entró en vigor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que traspone al derecho español la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.

La citada ley modifica, en su disposición final séptima, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, con la finalidad de dar acceso a la Central de Información de Riesgos (CIR) del Banco de España a todas las entidades prestamistas de crédito inmobiliario. Como resultado de esa modificación se amplía el perímetro de las entidades declarantes para incluir a los prestamistas inmobiliarios y a las entidades de crédito que operan en régimen de libre prestación de servicios y se habilita a los intermediarios de crédito inmobiliario a tener acceso a los informes sobre los riesgos de las personas físicas y jurídicas registrados en la CIR en igualdad de condiciones que las entidades declarantes.

En relación con la información sobre los datos declarados, se faculta al Banco de España a impedir temporalmente el acceso de una entidad declarante a los datos de la CIR cuando incumpla sus obligaciones de información con la calidad y exactitud necesarias.

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Adicionalmente, el Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan otras medidas en materia financiera, en su disposición adicional tercera, habilita al Banco de España a establecer normas técnicas reguladoras de la forma de acceso a la CIR que deberán ser públicas, no discriminatorias y proporcionadas. Adicionalmente, transcurrido un cierto período de tiempo desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 867/2016 del Banco Central Europeo, de 18 de mayo, sobre la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2016/13) (en adelante, el Reglamento (UE) 867/2016), y de la modificación de la Circular 1/2013 para recoger a través de la CIR la información que el Banco de España tiene que solicitar a las entidades declarantes para comunicarla al Banco Central Europeo con arreglo a lo dispuesto en el citado reglamento, se ha considerado necesario introducir algunas modificaciones en la Circular 1/2013 para mejorar la coherencia de la información recopilada a través de la CIR respecto a la establecida en el marco del Reglamento (UE) 867/2016.

Por último, con el objetivo de actualizar la norma, se han introducido algunos cambios en la Circular 1/2013 para aclarar la información que se debe remitir relativa a determinadas operaciones, reorganizar la forma en que se presenta la información en algunos módulos e introducir alguna dimensión adicional. Asimismo, se introducen algunas precisiones en relación con la presentación de reclamaciones a la CIR. Por todo ello, en esta circular se da cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia regulados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, dado que con ella se consiguen los fines perseguidos sin imponer cargas innecesarias o accesorias, regulándose de forma coherente con el resto del ordenamiento exclusivamente los aspectos imprescindibles.

Circular 2/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. (BOE de 16 de junio de 2020).

El objetivo principal de la presente circular es adaptar la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, a los cambios del ordenamiento internacional sobre requerimientos de información a las entidades de crédito.

Esta circular atiende a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia exigidos por el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ya que acomete cambios necesarios para mantener la regulación contable y de requerimientos de información financiera de las entidades de crédito completa, integrada y armonizada con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional como de la Unión Europea.

El principio de transparencia se alcanza a través de la consulta pública previa a los potenciales afectados, fijada por el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de la audiencia pública a los interesados, ambas formando parte del proceso de tramitación de la presente circular. Las habilitaciones del Banco de España para emitir esta circular son las mismas que las correspondientes para la aprobación de la Circular 4/2017, esto es, las establecidas en la Orden de 31 de marzo de 1989 por la que se faculta al Banco de España para establecer y modificar las normas contables de las entidades de crédito. En ella, el ministro de Economía y Hacienda delegó en el Banco de España la habilitación para establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a los que deben sujetarse los estados financieros, tanto individuales como consolidados, de las entidades de crédito.

Circular 3/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. (BOE de 16 de junio de 2020).

La situación de emergencia de salud pública creada por la propagación del COVID-19 y las necesarias medidas de contención están provocando una perturbación de gran intensidad para la economía española, que afecta a las empresas y a los hogares.

Como complemento de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, es necesario que las entidades de crédito continúen prestando apoyo financiero a las empresas y a los hogares afectados negativamente por esta situación transitoria y excepcional.

3

En este contexto, los reguladores y supervisores bancarios de todo el mundo están recomendando hacer un uso adecuado de la flexibilidad implícita en el marco regulatorio, sin menoscabo de la adecuada identificación del deterioro de las operaciones y de una estimación razonable de su cobertura por riesgo de crédito. En concreto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), en su Comunicación de 12 de marzo de 2020, sobre actuaciones para mitigar el impacto del COVID-19 en el sector bancario de la Unión Europea (UE), recomienda hacer un uso pleno de la flexibilidad implícita en el marco regulatorio y desarrolla esta recomendación en los aspectos relacionados con la clasificación contable de las operaciones por riesgo de crédito que se incluyen, entre otros, en su Comunicación de 25 de marzo de 2020, sobre la aplicación del marco regulatorio en lo relativo a impago, reestructuraciones o refinanciaciones, y la NIIF 9 a la vista de las medidas de respuesta al COVID-19.

Circular 4/2020, de 26 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y servicios bancarios. (BOE de 15 de julio de 2020).

La publicidad constituye una pieza clave en el marco de la comercialización de productos y servicios bancarios. Con carácter general, supone el primer punto de contacto entre una entidad y su potencial cliente.

A través de la publicidad, las entidades dan a conocer su oferta de productos y servicios, mediante la utilización de técnicas especializadas con el fin de incentivar su contratación, por lo que la información transmitida en los mensajes publicitarios suele tener un gran impacto en las expectativas del cliente y en el consiguiente proceso de toma de decisiones.

En este contexto, la regulación de la publicidad financiera deviene un mecanismo esencial de protección de la clientela bancaria. Resulta necesario, por tanto, articular medidas regulatorias y supervisoras encaminadas a procurar que la publicidad sea clara, suficiente, objetiva y no engañosa, y que las relaciones de los clientes con sus entidades en las fases posteriores a la contratación sean menos conflictivas.

De la aplicación de las mencionadas circulares, no se han derivado efectos significativos en las cuentas anuales del Banco.

Se presenta a continuación un resumen de las principales Circulares del Banco de España aplicables, emitidas y que entraron en vigor en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Circular 1/2019, de 30 de enero, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 8/2015, de 18 de diciembre, a las entidades y sucursales adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información para determinar las bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. (BOE de 8 de febrero de 2019).

El objetivo es modificar el anejo 2 de la Circular 8/2015, a fin de añadir nuevos campos con la información de contacto del depositante, concretar la definición de algunos campos cuyo contenido no estaba suficientemente explicado y permitir el uso de algunos caracteres especiales, ya que son necesarios para tratar correctamente ciertos datos de contacto de los depositantes. Con ello se trata de garantizar una mayor calidad de los datos de los ficheros con la información por depositante y de permitir que se identifiquen más fácilmente los depositantes cuando haya que afrontar una situación de reembolso a estos últimos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del Documento Informativo de las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los sitios web de comparación de cuentas de pago, y que modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos (BOE de 4 de abril de 2019).

Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.

El 28 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España. Esta Circular entra en vigor el 1 de enero de 2019 y el objetivo principal es adaptar la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, en lo relativo a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF-UE) 16, sobre arrendamientos.

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Por último, cabe destacar que la presente circular también modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos (CIR), incorporando cambios menores con el fin de introducir aclaraciones y mejoras.

Asimismo, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales se encuentran en vigor las siguientes normas cuya fecha efectiva es posterior a 31 de diciembre de 2019:

Circular 3/2019, de 22 de octubre, del Banco de España, por la que se ejerce la facultad conferida por el Reglamento (UE) 575/2013 de definir el umbral de significatividad de las obligaciones crediticias vencidas:

La presente circular tiene por objeto ejercer la facultad que el artículo 178, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 atribuye a las autoridades competentes de definir el umbral de significatividad de las obligaciones crediticias vencidas.

En su elaboración se han aplicado todos los principios contables y criterios de valoración que tienen un efecto significativo en los estados financieros del ejercicio 2020.

d)  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información que figura en esta memoria es responsabilidad de los Administradores del Banco. A este respecto, indicar que en las cuentas anuales del ejercicio 2020 se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Alta Dirección, ratificadas posteriormente por los Administradores del Banco, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

1.Las pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 2-a, 2-f, 6, 10, 12 y 13);

2.Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo y otros compromisos a largo plazo mantenidos con los empleados (véanse Notas 2-r, 2-s y 21);

3.La vida útil de los activos tangibles e intangibles (véanse Notas 2-j, 2-k, 14 y 15);

4.El valor razonable de determinados activos no cotizados (véanse Notas 9, 11 y 40).

5.La determinación de las provisiones (véanse Notas 2-n, 2-r y 21).

6.La estimación sobre la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos contabilizados por el Banco (véanse Notas 2-u y 22).

Para la actualización de las estimaciones anteriores la Dirección del Banco ha tenido en cuenta que desde el mes de marzo de 2020, la Covid-19, una nueva cepa de Coronavirus, se ha extendido a muchos países, incluyendo España. Este evento ha motivado que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, que afecta significativamente a la actividad económica a nivel mundial y, como resultado, a las operaciones y resultados financieros del Banco.

Si bien a la fecha se ha producido un empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas, la medida en la que la Covid-19 impactará finalmente en los resultados del Banco dependerá de desarrollos futuros, incluidas las acciones para contener o tratar la enfermedad y mitigar su impacto en las economías de los países afectados, que generan incertidumbres en las estimaciones del Banco.

Por ello, la Dirección del Banco ha realizado una evaluación de la situación actual conforme a la mejor información disponible, desarrollando a continuación los potenciales impactos de la Covid-19 en las estimaciones realizadas durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2020, y considerando información actualizada a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias.

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e)  Comparación de la información

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2020 y, por consiguiente, no constituye las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2019.

Tal y como se indica en la Nota 1.i, con fecha 28 de de julio de 2020, los accionistas del Banco aprobaron la fusión de la sociedad Santander Consumer E.F.C., S.A., (sociedad absorbida) por Santander Consumer Finance, S.A. (sociedad absorbente). En este sentido, cualquier comparación que se realice entre las cuentas anuales de ambos ejercicios ha de tener en consideración que las operaciones de la sociedad absorbida se consideran realizadas por la sociedad absorbente con efectos contables desde el 1 de enero de 2020, habiéndose integrado en la sociedad absorbente el total de activos y pasivos de la sociedad absorbida a dicha fecha.

Las presentes cuentas anuales, salvo mención en contrario, se presentan en miles de euros.

f)  Objetivos, políticas y procesos de gestión de capital

La gestión del capital del Banco y del Grupo debe entenderse en el marco de la gestión que realiza el Grupo Santander en el que se integran (véase Nota 1-a). La gestión de capital dentro del Grupo Santander se realiza a dos niveles: regulatorio y económico.

El objetivo es asegurar la solvencia del Grupo Santander, garantizando la suficiencia de capital económico, así como el cumplimiento con los requerimientos regulatorios, al tiempo que el uso eficiente del capital.

Para ello, periódicamente se generan, analizan y reportan a los órganos de gobierno relevantes las cifras de capital regulatorio y económico, así como sus métricas asociadas RORWA (Return on Risk-Weighted Assets), RORAC (Return on Risk-Adjusted Capital) y creación de valor de cada unidad de negocio.

Asimismo, en el marco del proceso de autoevaluación del capital para poder cumplir con el requerimiento del Pilar II de Basilea, el Grupo Santander utiliza un modelo de medición de capital económico con el objetivo de asegurar la suficiencia del capital disponible para soportar todos los riesgos de su actividad bajo distintos escenarios económicos, y con el nivel de solvencia decidido por el Grupo Santander, al tiempo que se evalúa también en los distintos escenarios el cumplimiento con los ratios de capital regulatorio.

Para poder gestionar adecuadamente el capital del Grupo Santander es fundamental presupuestar y analizar las necesidades futuras, anticipándose a los diferentes momentos del ciclo. Las proyecciones de capital regulatorio y económico toman como base la información presupuestaria (balance, cuenta de resultados, etc.), los escenarios macroeconómicos, definidos por el servicio de estudios del Grupo Santander. En función de estas estimaciones se planifican medidas de gestión (emisiones, titulizaciones, etc.) necesarias para alcanzar los objetivos de capital.

También se simulan determinados escenarios de estrés para evaluar la disponibilidad de capital ante situaciones adversas. Estos escenarios se fijan a partir de variaciones bruscas en variables macroeconómicas (PIB, tipos de interés, precio de la vivienda, etc.) que reflejen crisis históricas que puedan volver a acontecer o situaciones de estrés plausibles aunque improbables.

A continuación, se hace una breve descripción del marco regulatorio al que está sujeto el Banco en términos de capital.

El 26 de junio de 2013 se incorporó el marco legal de Basilea III en el ordenamiento europeo a través de la Directiva 2013/36 (en adelante CRD IV), que derogó las Directivas 2006/48 y 2006/49; y el Reglamento 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión (em adelante CRR).

La CRD IV se transpuso a la normativa española mediante la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y su posterior desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto ley 84/2015 y la Circular 2/2016 de Banco de España, que completó su adaptación al ordenamiento jurídico español.

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La CRR, de aplicación inmediata en cada país europeo, contempla un calendario de implantación gradual que permite una adaptación progresiva a los nuevos requerimientos en la Unión Europea en lo relativo a instrumentos de capital AT1 y T2. Dichos calendarios han sido incorporados a la regulación española mediante la Circular 2/2014 de Banco de España afectando tanto a las nuevas deducciones, como a aquellas emisiones y elementos de fondos propios que con esta nueva regulación dejan de ser elegibles como tales.

El 27 de diciembre de 2017 se publicó el Reglamento 2017/2395 que modificó la CRR en lo referente a las disposiciones transitorias para mitigar el impacto de la introducción de la NIIF 9, que tuvo lugar el 1 de enero de 2018. Ahora bien, como consecuencia de la crisis sanitaria covid-19, el 24 de Junio de 2020, la Comisión Europea publicó el Reglamento (UE) 2020/873 que modifica al anterior en lo relativo a los ajustes transitorios derivados de la aplicación de la normativa contable NIIF 9.

Las novedades regulatorias introducidas en el nuevo reglamento se centran principalmente en el enfoque dinámico y la ampliación del phase-in hasta el año 2024 con el objetivo de mitigar el impacto del aumento del volumen de provisiones. En cuanto al modo de determinar su impacto hay que tener en cuenta el enfoque estático y dinámico.

En lo que respecta al enfoque estático, correspondería aplicar el factor del 0,7 previsto para el año 2020 mientras que para los enfoques dinámicos habrá que distinguir entre:

– Enfoque dinámico 1: mide la evolución de las provisiones no default desde la fecha de primera aplicación de NIIF 9 (1 de enero de 2018) hasta la fecha de reporte (1 de enero de 2020), manteniendo los factores de phase-in durante 5 años (2018-2022) previstos en el anterior Reglamento.

– Enfoque dinámico 2: mide la evolución de las provisiones no default desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de reporte, aplicando nuevos factores de phase-in actualizados hasta el año 2024.

El principal objetivo de esta modificación es aislar el efecto de aumento de provisiones no default que ha producido la crisis sanitaria COVID-19 y con ello no perjudicar el capital de máxima calidad de las entidades de crédito.

Adicionalmente, el día 28 de diciembre de 2017 se publicaron los Reglamentos 2017/2401 y 2017/2402, que incorporan el nuevo marco de titulizaciones. El primer Reglamento establece una nueva metodología de cálculo de requerimientos de capital para titulizaciones así como un periodo transitorio que finalizó el pasado 31 de diciembre de 2019, mientras que el segundo Reglamento define una tipo de titulización STS (‘simple, transparent and standardised’, por sus siglas en inglés) que por sus características de simplicidad, de financiar la economía real, etc recibe un tratamiento preferencial en términos de unos menores requerimientos de capital.

Con respecto a las exposiciones dudosas (Non Performing Exposures o NPEs), han sido publicadas normas con el objetivo de aplicar el “Plan de acción para hacer frente a los préstamos dudosos en Europa”, publicado por el Consejo Europeo en julio de 2017. Las más relevantes son las siguientes:

– Expectativa supervisora del BCE para abordar el stock de NPEs mediante dotación de provisiones,

– Guía del Banco Central Europeo sobre préstamos dudosos para entidades de crédito, publicada en marzo de 2017: en el apéndice de esta Guía, publicado en marzo de 2018, se establecen calendarios con expectativas supervisoras cuantitativas de dotación de provisiones de este tipo de exposiciones. Aplicable a exposiciones originadas antes del 26 de abril de 2019 y que se hayan convertido en NPE a partir del 1 de abril de 2018. Su incumplimiento podría implicar un mayor recargo por Pilar2.

– Modificación de la CRR mediante el Reglamento 2019/630 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas (Backstop prudencial), publicado en abril de 2019: este Reglamento incluye calendarios de requerimientos cuantitativos de provisión mínima de NPEs. Aplica a NPEs originados después del 26 de abril de 2019 y su incumplimiento produciría una deducción en el CET1 de las entidades.

El 20 de mayo de 2019 se aprobó el nuevo paquete regulatorio que se articula mediante a través del Reglamento 2019/876 (en adelante CRR II) y la Directiva 2019/878 (en adelante CRD V).

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Como regla general se establece que la CRR II entrará en vigor a partir del 28 de junio de 2021, salvo algunas excepciones que entraran en vigor a lo largo de un periodo de tiempo que comenzó el pasado 1 de enero de 2019 y que finalizará el 28 de junio de 2023.

Entre estas disposiciones, se destaca la entrada en vigor el pasado 27 de junio de 2019 de los principales cambios en materia de fondos propios, deducciones de capital, riesgo de crédito estándar e IRB, y autorizaciones.

El 27 de junio entró en vigor la CRD V que aún no es de aplicación, ya que los Estados miembros tienen hasta 28 de diciembre de 2020 para realizar su trasposición a los ordenamientos jurídicos nacionales. La CRD V recoge cambios significativos tales como la regulación del Pilar 2G (‘guidance’).

En el paquete normativo publicado en junio de 2019 se ha incorporado a la CRR II los principios establecidos en el Term Sheet del TLAC fijado a nivel internacional por el FSB (Financial Stability Board), como un Pilar I de requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos computables para las GSIBs.

Dentro de este paquete de modificaciones, se incluye también la modificación de la Directiva de Resolución (BRRD) sustituyéndose con la BRRD II donde se establecen unos requerimientos de MREL por Pilar 2 para todas las entidades de resolución, sean sistémicas o no, en los que la autoridad de resolución irá decidiendo caso a caso los requerimientos. Para las G-SIBs, la CRR II introduce el requisito mínimo establecido en el term sheet del TLAC (16% / 18%), que habrá de estar conformado por pasivos subordinados, a excepción de un porcentaje de deuda senior (2,5% / 3,5%). Para los grandes bancos (que se definen como aquellos cuyo total activo supere los 100.000 millones de euros) o aquellos que, sin ser grandes, la autoridad de resolución considere que pueden ser sistémicos, la BRRD II establece un requerimiento mínimo de subordinación del 13,5% de los activos ponderados por riesgo, o el 5% de la exposición de la ratio de apalancamiento si éste fuera mayor. Para el resto de entidades el requerimiento de subordinación estará determinado caso a caso por la autoridad de resolución.

A 31 de diciembre 2020, el Banco cumple los requerimientos mínimos de capital requeridos en la normativa vigente.

ii. Plan de despliegue de modelos avanzados y autorización supervisora

El Grupo Santander Consumer Finance, siguiendo las políticas del Grupo Santander, continua con su propuesta de adoptar, de forma progresiva durante los próximos años, el enfoque avanzado de modelos internos (AIRB) para la práctica totalidad de los bancos del Grupo, hasta cubrir un porcentaje de exposición neta de la cartera crediticia superior al 90%. El compromiso asumido ante el supervisor sigue implicando la adaptación de los modelos avanzados en los mercados clave donde está presente.

Con este objetivo, el Grupo ha continuado durante el ejercicio 2020 con el proyecto de implantación gradual de las plataformas tecnológicas y desarrollos metodológicos necesarios que van a permitir la progresiva aplicación de los modelos internos avanzados para el cálculo de capital regulatorio en el resto de las unidades del Grupo.

En cuanto a riesgo operacional, el Grupo utiliza actualmente el enfoque estándar de cálculo de capital regulatorio previsto en la CRR.

El Grupo cuenta con la autorización supervisora para el uso de enfoques avanzados para el cálculo de requerimientos de capital regulatorio por riesgo de crédito para la matriz y principales entidades filiales de España y Portugal, y determinadas carteras en Alemania, Países Nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega) y Francia.

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g)  Fondo de Garantía de Depósitos, Fondo de Resolución Nacional y Fondo Único de Resolución

a) Fondo de Garantía de Depósitos

El Banco está integrado en el Fondo de Garantía de Depósitos (“FGD”), establecido por el Real Decreto – Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el FGD, que fue modificado de acuerdo con la redacción dada por la Disposición Final Décima de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de Recuperación y Resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (en vigor desde el 20 de junio de 2015). La aportación anual a realizar por las entidades a este fondo es determinada por la Comisión Gestora del FGD, y consiste en la contribución en función de los depósitos garantizados de cada entidad corregida por su perfil de riesgo, que incluye la fase del ciclo económico y el impacto de las aportaciones procíclicas, según el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto –Ley 16/2011.

La finalidad del FGD es garantizar los depósitos en entidades de crédito hasta el límite contemplado en dicho Real Decreto-Ley. El gasto incurrido por las contribuciones devengadas a este organismo en el ejercicio 2020 ha ascendido a 187 miles de euros (130 miles de euros en el ejercicio 2019), que se encuentran registrados en el epígrafe “Otros gastos de administración” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

b) Fondo de Resolución Nacional

En el ejercicio 2015 se publicó el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolló la Ley 11/2015, de 18 de junio, de Recuperación y Resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modificó el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos de entidades de crédito. La mencionada Ley 11/2015 regula la creación del Fondo de Resolución Nacional, cuyos recursos financieros deberían alcanzar, antes del 31 de diciembre de 2024, el 1% del importe de los depósitos garantizados, mediante aportaciones de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión establecidas en España. El detalle de la forma de cálculo de las aportaciones a este Fondo se regula por el Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión de 21 de octubre de 2014 y es calculada por el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (“FROB”), sobre la base de la información aportada por cada entidad.

El gasto incurrido por la aportación realizada por el Banco al Fondo de Resolución Nacional en el ejercicio 2020, ha ascendido a 299 miles de euros (229 miles de euros en el ejercicio 2019), se encuentra registrado en el epígrafe “Otros gastos de administración” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

c) Fondo Único de Resolución

En marzo de 2014, el Parlamento y el Consejo Europeo lograron un acuerdo político para la creación del segundo pilar de la unión bancaria, el Mecanismo Único de Resolución (“MUR”). El principal objetivo del MUR es garantizar que las quiebras bancarias que puedan suceder en un futuro en la unión bancaria se gestionen de forma eficiente, con costes mínimos para el contribuyente y la economía real. El ámbito de actuación del MUR es idéntico al del MUS, es decir, una autoridad central, la Junta Única de Resolución (“JUR”), es la responsable final de la decisión de iniciar la resolución de un banco, mientras que la decisión operativa se aplicará en cooperación con las autoridades nacionales de resolución. La JUR inició su trabajo como organismo autónomo de la UE el 1 de enero de 2015.

Las normas que rigen la unión bancaria tienen por objeto asegurar que sean, en primer lugar, los bancos y sus accionistas quienes financien las resoluciones y, si es necesario, también parcialmente los acreedores de la entidad. No obstante, también se dispondrá de otra fuente de financiación a la que se podrá recurrir si las contribuciones de los accionistas y las de los acreedores de la entidad no son suficientes. Se trata del Fondo Único de Resolución (“FUR”), que administra la JUR. La normativa establece que los bancos abonarán las contribuciones al FUR a lo largo de ocho años.

En este sentido, el 1 de enero de 2016 entró en funcionamiento el Fondo Único de Resolución (“FUR”), que fue implantado por el Reglamento (UE) nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. Las normas que rigen la unión bancaria establecen que los bancos abonarán las contribuciones al FUR a lo largo de ocho años.

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La competencia del cálculo de las aportaciones que deben realizar las entidades de crédito y empresas de inversión al FUR corresponde a la Junta Única de Resolución (“JUR”). Estas aportaciones se basan, a partir del ejercicio 2016, en: (a) una aportación a tanto alzado (o contribución anual base), a prorrata con respecto a los pasivos totales, con exclusión de los fondos propios, los depósitos garantizados de todas las entidades autorizadas en el territorio de los estados miembros participantes; y (b) una aportación ajustada al riesgo, que se basará en los criterios establecidos en el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59/UE, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, sin crear distorsiones entre estructuras del sector bancario de los estados miembros. El importe de esta aportación se devenga a partir del ejercicio 2016, de manera anual.

El gasto incurrido por la aportación realizada al Fondo Único de Resolución en el ejercicio 2020 ha ascendido a 11.984 miles de euros (9.171 miles de euros al 31 de diciembre de 2019), el cual se encuentra registrado en el epígrafe “Otros gastos de administración” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

h)  Informe anual de atención al cliente

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de Economía, sobre los departamentos y servicios de Atención al Cliente y el Defensor del Cliente de las Entidades Financieras, en el informe de gestión se resume el Informe Anual que presentará el titular del Servicio en el consejo de administración en el primer trimestre del año 2020.

Servicio de atención y defensa del cliente

En cumplimiento de la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, de la Orden del Ministerio de Economía 734/2004 sobre los Departamentos y Servicios de Atención al Cliente y el Defensor del Cliente de las Entidades Financieras y del artículo 37 del Reglamento del Servicio de Reclamaciones y Atención y Defensa del Cliente en el Grupo Santander, a continuación se presenta un resumen de la actividad desarrollada por el citado Servicio durante el ejercicio 2020, referido a la gestión de las quejas y reclamaciones.

Este servicio de reclamaciones y atención al cliente gestiona las reclamaciones de 26 sociedades del Grupo en España.

Evolución global de las reclamaciones y quejas recibidas en Santander Consumer Finance, S.A. en el año 2020

En 2020, se admitieron a trámite en el servicio de reclamaciones y atención al cliente un total de 5.570 reclamaciones y quejas (2.206 en el ejercicio 2019). De ellas, 84 llegaron a través del Defensor del Cliente y 52 del Banco de España (48 y 29 respectivamente, en el ejercicio 2019).

Análisis de reclamaciones según los productos afectados

A continuación, se detalla la clasificación de las reclamaciones y quejas recibidas en 2020 y 2019, por familias de productos:

Reclamaciones y quejas

Al 31 de diciembre de 2020 habían sido resueltas el 91% de las reclamaciones y quejas recibidas (89% al 31 de diciembre de 2019).

El tiempo medio de resolución en el ejercicio 2020 ha sido de 28 días naturales (25 días naturales en 2019).

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Resolución de expedientes

En el 40% de los casos las resoluciones han sido favorables a los clientes, frente a un 48% en el ejercicio anterior.

Desde el Servicio de Reclamaciones y Atención al Cliente se remite a la Dirección del Banco información actualizada sobre el volumen de entrada de expedientes y se mantienen reuniones con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa interna y regulatoria. Asimismo, a partir del análisis de las reclamaciones y de los dictámenes emitidos, se obtienen conclusiones sobre las causas originarias comunes a determinados tipos de reclamaciones para impulsar la mejora de procesos y comunicaciones, de modo que se corrigen los procesos correspondientes. Del conjunto de las reclamaciones recogidas en este informe no parece necesario plantear recomendaciones o sugerencias al efecto, puesto que de las mismas no se aprecia un incumplimiento de las normas de actuación sobre transparencia y protección del cliente de servicios financieros, establecidas por el Banco de España.

i)  Fusión por absorción entre Santander Consumer Finance, S.A. (sociedad absorbente) y Santander Consumer E.F.C. S.A. (sociedad absorbida).

El 28 de Julio de 2020 los miembros de los Consejos de Administración de Santander Consumer, E.F.C.,S.A, redactaron y aprobaron el proyecto común de fusión entre Santander Consumer Finance, S.A (como sociedad absorbente) y Santander Consumer, E.F.C.,S.A (como sociedad absorbida). De conformidad con el articulo 40 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), la operación de fusión descrita fue aprobada en esa misma fecha por la Junta General de Accionistas de Santander Consumer Finance,S.A y el accionista único de  Santander Consumer, E.F.C.,S.A. (i.e. Santander Consumer Finance, S.A.).

La referida operación constituye una fusión de las reguladas en el artículo 76.1.c) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”). Se incorpora a la presente memoria (Anexo V) la información requerida en el artículo 86.1 de la citada Ley con respecto a la fusión.

Una vez obtenida la preceptiva autorización del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la fusión (disposición adicional decimosegunda Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito), así como las restantes autorizaciones regulatorias a las que estaba condicionada la fusión. 

El 22 de diciembre de 2020 se otorgó la correspondiente escritura de fusión entre Santander Consumer Finance, S.A. y Santander Consumer, E.F.C., S.A., la cual se presentó a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid al día siguiente, 23 de diciembre de 2020, y quedó inscrita el 30 de diciembre de 2020. En consecuencia, con ocasión de la inscripción de esta fusión, y con fecha de efectos el 23 de Diciembre de 2020, se produjo la extinción sin liquidación de Santander Consumer, E.F.C., S.A., y la transmisión en bloque de la totalidad de su patrimonio a Santander Consumer Finance, S.A., que lo adquirió por sucesión universal y sin solución de continuidad.

Dado que la sociedad absorbida estaba íntegramente participada por Santander Consumer Finance, S.A., de acuerdo con el artículo 49.1, en relación con el artículo 26, de la LME, el Banco no aumentó capital. Adquirida eficacia la fusión con fecha de efectos el 22 de diciembre de 2020, la totalidad de las acciones de las sociedades absorbidas quedaron plenamente amortizadas, extinguidas y anuladas.

Se consideró como balances de fusión en la operación, a efectos de lo previsto en la legislación española, los balances individuales cerrados por cada una de las sociedades a 30 de junio de 2020, fecha posterior al primer día del tercer mes precedente a la fecha del proyecto común de fusión, que fueron formuladas por los órganos de administración de cada una de las sociedades participantes en la correspondiente fusión, y debidamente verificados por sus respectivos auditores y aprobados, en cada caso según correspondía, su junta general universal de accionistas o su accionista único, con carácter previo a la adopción del propio acuerdo de fusión.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable de aplicación, a efectos contables, se fijó para la fusión el día 1 de enero de 2020 como fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida habían de considerarse realizadas por la sociedad absorbente.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 89.1 de la LIS, la fusión quedó sujeta al régimen fiscal establecido en el capítulo VII del título VII y en la disposición adicional segunda de la LIS, así como en el artículo 45, párrafo I.B.10 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

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A continuación se presentan los balances de la sociedad absorbida al 31 de diciembre de 2019:

(miles de euros)

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Con el objeto de facilitar la comparación de la información, a continuación se presentan los saldos aportados por ambas sociedades al 1 de enero de 2020, posterior a las eliminaciones de operaciones internas entre las mismas:

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j)  Impacto medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedica el Banco, este no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

k)  Hechos posteriores

Con posterioridad al cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 y hasta la fecha de formulación de estás Cuentas Anuales de dicho ejercicio no ha ocurrido ningún hecho que afecte o modifique significativamente la información contenida en las mismas.

2. Principios y políticas contables y criterios de valoración aplicados

En la preparación de estas cuentas anuales se han aplicado los siguientes principios contables y criterios de valoración:

a)  Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Se consideran “Entidades del Grupo” aquellas sobre las que el Banco tiene capacidad para ejercer control, capacidad que se manifiesta, general, aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, del 50% o más de los derechos de voto de las sociedades participadas o, aun siendo inferior o nulo este porcentaje,cuando la existencia de otras circunstancias o acuerdos otorgan al Banco el control.

Se entiende que una entidad controla a otra cuando aquella:

i)dispone de poder para dirigir sus actividades relevantes, esto es, las que afectan de manera significativa a su rendimiento, por disposición legal, estatutaria o acuerdo;

ii)tiene capacidad presente, es decir, práctica de ejercer los derechos para usar aquel poder con objeto de influir en su rendimiento, y;

iii)debido a su involucración, está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables de la entidad participada.

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, el Banco no participaba en el capital social de ninguna sociedad del Grupo en un porcentaje inferior al 50% de sus derechos de voto.

Se consideran “Negocios conjuntos” los que, no siendo entidades dependientes, están controlados conjuntamente por dos o más entidades, vinculadas entre sí mediante acuerdos contractuales en virtud de los cuales participan en entidades (“multigrupo”) o realizan operaciones o mantienen activos de forma tal que cualquier decisión estratégica de carácter financiero u operativo que los afecte requiere el consentimiento unánime de todos los partícipes.

Las entidades asociadas son aquellas sobre las que el Banco tiene capacidad para ejercer una influencia significativa, aunque no control o control conjunto. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación igual o superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada.

Las participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas se presentan en el balance por su coste de adquisición, neto de los deterioros que en su caso, pudiesen haber sufrido dichas participaciones.

Los dividendos devengados en el ejercicio por estas participaciones se registran en el capítulo “Ingresos por dividendos” de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase Nota 32).

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Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular 4/2017 del Banco de España, de 27 de noviembre, existen evidencias de deterioro de estas participaciones, el importe de dicho deterioro se estima como la diferencia negativa entre su importe recuperable (calculado como el mayor entre el valor razonable de la participación menos los costes necesarios para su venta; o su valor en uso, definido este como el valor actual de los flujos de efectivo que se espera recibir de la participación en forma de dividendos y los correspondientes a su enajenación o disposición por otros medios) y su valor contable. Las pérdidas por deterioro y las recuperaciones de dichas pérdidas se registran, con cargo o abono, respectivamente, al epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociados” de la cuenta de pérdidas y ganancias. En los Anexos I y II se facilita información significativa sobre estas sociedades. Adicionalmente, en la Nota 13 se facilita información sobre las adquisiciones y los retiros más significativos que han tenido lugar en los ejercicios 2020 y 2019.

b)  Definiciones y clasificación de los instrumentos financieros

i. Definiciones

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

Un “instrumento de capital” es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.

Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las calificaciones crediticias), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.

Los “instrumentos financieros híbridos” son contratos que incluyen, simultáneamente, un contrato principal diferente de un derivado junto con un derivado financiero, denominado derivado implícito, que no es individualmente transferible y que tiene el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del contrato híbrido varían de la misma manera que lo haría el derivado implícito considerado aisladamente.

Los instrumentos financieros compuestos son contratos que para su emisor generan simultáneamente un pasivo financiero y un instrumento de capital propio (como, por ejemplo, las obligaciones convertibles que otorgan a su tenedor el derecho a convertirlas en instrumentos de patrimonio de la entidad emisora).

Las participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias computables a efectos de recursos propios como capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1) (“PPCC”) – participaciones perpetuas, con posibilidad de compra por el emisor en determinadas circunstancias, cuya remuneración es discrecional, y que serán convertidas en un número variable de acciones ordinarias de nueva emisión en caso de que el Banco o su grupo consolidable presentasen una ratio de capital inferior a un determinado porcentaje (trigger event), tal y como ambos términos se definen en los correspondientes folletos de emisión - son contabilizadas por el Grupo como instrumentos compuestos. El componente de pasivo refleja la obligación del emisor de entregar un número variable de acciones y el componente de capital refleja la discrecionalidad del emisor para pagar los cupones asociados. Para realizar la asignación inicial, el Grupo estima el valor razonable del pasivo como el importe que tendría que entregar si el trigger event se produjese inmediatamente, por lo que el componente de capital, calculado como el importe residual, asciende a cero. Debido a la mencionada discrecionalidad en el pago de los cupones, los mismos se deducen directamente del patrimonio.

Las operaciones señaladas a continuación no se tratan, a efectos contables, como instrumentos financieros:

–Las inversiones en negocios conjuntos y asociadas en entidades dependientes, multigrupo y asociadas (véase Nota 13).

–Los derechos y obligaciones surgidos como consecuencia de planes de prestación para los empleados (véase Nota 21).

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ii. Clasificación de los activos financieros a efectos de valoración

Los activos financieros se presentan agrupados dentro de las diferentes categorías en las que se clasifican a efectos de su gestión y valoración, salvo que deban presentarse como “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta”, o correspondan a “Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista”, “Derivados – contabilidad de coberturas” o “Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas”, en cuyo caso, se muestran de forma independiente.

El criterio de clasificación de los activos financieros depende tanto del modelo de negocio para su gestión como de las características de sus flujos contractuales.

Los modelos de negocio del Banco hacen referencia a la forma en que éste gestiona sus activos financieros para generar flujos de efectivo. Para la definición de los mismos, el Banco tiene en cuenta los siguientes factores:

–Cómo se evalúan e informa al respecto al personal clave de la gerencia sobre el rendimiento del modelo de negocio y los activos financieros mantenidos en el modelo de negocio.

–Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos.

–Cómo se retribuye a los gestores del negocio.

–La frecuencia y el volumen de ventas en ejercicios anteriores, así como las expectativas de ventas futuras.

El análisis de las características de los flujos contractuales de los activos financieros requiere la evaluación de la congruencia de dichos flujos con un acuerdo básico de préstamo. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente cumplen este requisito. El Banco determina si los flujos de efectivo contractuales de sus activos financieros son sólo pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente al inicio de la transacción. Dicho análisis tiene en consideración cuatro factores (rendimiento, cláusulas, productos vinculados contractualmente y divisas), en este sentido, entre los juicios más significativos empleados por el Banco en la realización de este análisis, se incluyen los siguientes:

• El rendimiento del activo financiero, en concreto en los casos de ajuste periódico de tipo de interés en los que no coincide el plazo del tipo de interés de referencia con la frecuencia del ajuste. En estos casos, se realiza una evaluación con el fin de determinar si los flujos de efectivo contractuales difieren significativamente o no de los flujos sin esta modificación del valor temporal del dinero, estableciendo un nivel de tolerancia del 2%.

• Las cláusulas contractuales que pueden modificar los flujos de efectivo del activo financiero, para lo que se analiza la estructura de los flujos de efectivo antes y después de la activación de dichas cláusulas.

• Los activos financieros cuyos flujos de efectivo tienen diferente prioridad en el pago debido a una vinculación contractual a activos subyacentes (como por ejemplo titulizaciones) requieren por parte del Grupo un análisis “look-through” de manera que se revise que tanto el activo financiero como los activos subyacentes son únicamente pagos de principal e intereses, y que la exposición al riesgo de crédito del conjunto de activos subyacentes pertenecientes al tramo analizado es menor o igual que la exposición al riesgo de crédito del conjunto de activos subyacentes del instrumento.

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En base a lo anterior, el activo se puede medir a coste amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado global o a valor razonable con cambios en el resultado del periodo. La Circular 4/2017 de Banco de España establece además la opción de designar un instrumento a valor razonable con cambios en resultados bajo ciertas condiciones. El Banco utiliza los siguientes criterios para la clasificación de instrumentos de deuda:

–Coste amortizado: instrumentos financieros bajo un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de principal e intereses, sobre los que no existen ventas significativas no justificadas y el valor razonable no es un elemento clave en la gestión de estos activos y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo en fechas específicas, que son solamente pagos de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente.  En este sentido, se consideran ventas no justificadas aquellas distintas a las relacionadas con un aumento del riesgo de crédito del activo, necesidades de financiación no previstas (escenarios de estrés de liquidez). Adicionalmente, las características de sus flujos contractuales representan sustancialmente un “acuerdo básico de financiación”.

–Valor razonable con cambios en otro resultado global: instrumentos financieros englobados en un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza a través del cobro de los flujos de principal e intereses y la venta de dichos activos, siendo el valor razonable un elemento clave en la gestión de estos activos. Adicionalmente, las características de sus flujos contractuales representan sustancialmente un “acuerdo básico de financiación”.

–Valor razonable con cambios en el resultado del periodo: instrumentos financieros incluidos en un modelo de negocio cuyo objetivo no se alcanza a través de los mencionados anteriormente, siendo el valor razonable un elemento clave en la gestión de estos activos, e instrumentos financieros cuyas características de sus flujos contractuales no representan sustancialmente un “acuerdo básico de financiación”. En este apartado se englobarían las carteras clasificadas en los epígrafes de “Activos financieros mantenidos para negociar”, “Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados” y “Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados”.

Los instrumentos de capital se contabilizan bajo Circular 4/2017 de Banco de España y sus posteriores modificaciones a valor razonable con cambios en el resultado salvo que la entidad opte, en el caso de activos que no sean de trading, por clasificarlos de manera irrevocable a valor razonable con cambios en otro resultado global.

iii. Clasificación de los activos financieros a efectos de presentación

Los activos financieros se incluyen, a efectos de su presentación, según su naturaleza en el balance, en las siguientes categorías:

–Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista: saldos en efectivo y saldos deudores con disponibilidad inmediata con origen en depósitos mantenidos en Banco de España y en otros bancos centrales.

–Derivados: incluye, en su caso, el valor razonable, a favor del Banco, de los derivados financieros que no formen parte de coberturas contables.

–Instrumentos de patrimonio: instrumentos financieros emitidos por otras entidades, tales como acciones y cuotas participativas, que tienen la naturaleza de Instrumentos de patrimonio para el emisor, salvo que se trate de participaciones en entidades asociadas o multigrupo.

–Valores representativos de deuda: obligaciones y demás valores que reconozcan una deuda para su emisor, que devengan una remuneración consistente en un interés, y que están instrumentados en títulos o en anotaciones en cuenta.

–Préstamos y anticipos: saldos deudores de todos los créditos o préstamos concedidos por el Banco salvo los instrumentados en valores, derechos de cobro de las operaciones de arrendamiento financiero así como otros saldos deudores de naturaleza financiera a favor del Banco, tales como cheques a cargo de entidades de crédito, saldos pendientes de cobro de las cámaras y organismos liquidadores por operaciones en bolsa y mercados organizados, las fianzas dadas en efectivo, los dividendos pasivos exigidos, las comisiones por garantías financieras pendientes de cobro y los saldos deudores por transacciones que no tengan su origen en operaciones y servicios bancarios como el cobro de alquileres y similares. Se clasifican en función del sector institucional al que pertenezca el deudor en:

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–Bancos centrales: créditos de cualquier naturaleza, incluidos los depósitos y operaciones del  mercado monetario, a nombre del Banco de España u otros bancos centrales.

–Entidades de crédito: créditos de cualquier naturaleza, incluidos los depósitos y operaciones del mercado monetario, a nombre de entidades de crédito.

–Clientela: recoge los restantes créditos, incluidas las operaciones del mercado monetario realizadas a través de entidades de contrapartida central.

–Derivados – contabilidad de coberturas: incluye el valor razonable, a favor del Banco, de los derivados financieros designados como instrumentos de cobertura en coberturas contables.

iv. Clasificación de los pasivos financieros a efectos de valoración

Los pasivos financieros se presentan agrupados dentro de las diferentes categorías en las que se clasifican a efectos de su gestión y valoración, salvo que deban presentarse como “Derivados – contabilidad de coberturas”, cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés, que se muestran de forma independiente.

Los pasivos financieros se incluyen, a efectos de su valoración, en alguna de las siguientes carteras:

–Pasivos financieros mantenidos para negociar (a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias): Pasivos financieros emitidos con el objetivo de beneficiarse a corto plazo de las variaciones que experimenten sus precios, los derivados financieros que no se consideran de cobertura contable, y los pasivos financieros originados por la venta en firme de activos financieros adquiridos temporalmente o recibidos en préstamo (posiciones cortas).

–Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados: Se incluyen pasivos financieros en esta categoría cuando se obtenga información más relevante bien porque con ello se eliminan o reducen significativamente inconsistencias en el reconocimiento o valoración (también denominadas asimetrías contables) que surgirían en la valoración de activos o pasivos o por el reconocimiento de sus ganancias o pérdidas con diferentes criterios, bien porque que exista un grupo de pasivos financieros, o de activos y pasivos financieros, y se gestionen y su rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y se facilite información de dicho grupo también sobre la base de valor razonable al personal clave de la dirección del Banco. Los pasivos sólo podrán incluirse en esta cartera en la fecha de emisión u originación.

–Pasivos financieros a coste amortizado: pasivos financieros que no se incluyen en la categoría anterior y que responden a las actividades típicas de captación de fondos de las entidades financieras, cualquiera que sea su forma de instrumentalización y su plazo de vencimiento.

v. Clasificación de los pasivos financieros a efectos de presentación

Los pasivos financieros se incluyen, a efectos de su presentación, según su naturaleza en el balance, en las siguientes categorías:

–Derivados: incluye el valor razonable, con saldo desfavorable para el Banco de los derivados, incluidos los derivados implícitos que se hayan segregado del contrato principal, que no forman parte de coberturas contables.

–Depósitos: incluye los importes de los saldos reembolsables recibidos en efectivo por la entidad, incluyendo los que tengan naturaleza de pasivos subordinados (importe de las financiaciones recibidas que, a efectos de prelación de créditos, se sitúan detrás de los acreedores comunes), salvo los valores representativos de deuda. Incluye asimismo las fianzas y consignaciones en efectivo recibidas cuyo importe se pueda invertir libremente. Los depósitos se clasifican en función del sector institucional al que pertenezca el acreedor en:

–Bancos centrales: depósitos de cualquier naturaleza incluidos los créditos recibidos y operaciones del mercado monetario, recibidos del Banco de España u otros bancos centrales.

–Entidades de crédito: depósitos de cualquier naturaleza, incluidos los créditos recibidos y operaciones del mercado monetario a nombre de entidades de crédito.

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–Clientela: Recoge los restantes depósitos, incluido el importe de las operaciones del mercado monetario realizadas a través de entidades de contrapartida central.

–Valores representativos de deuda emitidos: incluye el importe de las obligaciones y demás deudas representadas por valores negociables, incluyendo los que tengan naturaleza de pasivos subordinados (importe de las financiaciones recibidas que, a efectos de prelación de créditos, se sitúan detrás de los acreedores comunes. Incluye asimismo el importe de los instrumentos financieros emitidos por el Banco que, teniendo la naturaleza jurídica de capital, no cumplen los requisitos para calificarse como patrimonio neto, tales como determinadas acciones preferentes emitidas). En esta partida se incluye el componente que tenga la consideración de pasivo financiero de los valores emitidos que sean instrumentos financieros compuestos.

–Otros pasivos financieros: incluye el importe de las obligaciones a pagar con naturaleza de pasivos financieros no incluidas en otras partidas y los pasivos por contratos de garantía financiera, salvo que se hayan clasificado como dudosos.

–Derivados – Contabilidad de coberturas: incluye el valor razonable en contra del Banco de los derivados, incluidos los derivados implícitos segregados de instrumentos financieros híbridos, designados como instrumentos de cobertura en coberturas contables.

–Posiciones cortas: importe de los pasivos financieros originados por la venta en firme de activos financieros adquiridos temporalmente o recibidos en préstamo.

c)  Valoración y registro de los activos y pasivos financieros

Generalmente, los activos y pasivos financieros se registran, inicialmente, por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Para los instrumentos no valorados por su valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se ajusta con los costes de transacción.

Posteriormente, y con ocasión de cada cierre contable, se procede a valorarlos de acuerdo con los siguientes criterios:

i. Valoración posterior de los activos financieros

Los activos financieros, se valoran principalmente a su “valor razonable”, sin deducir ningún coste de transacción por su venta.

Se entiende por “valor razonable” de un instrumento financiero, en una fecha dada, el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para transferir un pasivo mediante transacción ordenada entre participantes en el mercado. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado activo, transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”). Al 31 de diciembre de 2020, no hay ninguna inversión significativa en instrumentos financieros cotizados que haya dejado de registrarse por su valor de cotización como consecuencia de que su mercado no puede considerarse activo.

Cuando no exista precio de mercado para un determinado instrumento financiero, para estimar su valor razonable se recurre al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional, teniendo en consideración las peculiaridades específicas del instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento lleva asociados.

Todos los derivados se registran en el balance por su valor razonable desde su fecha de contratación. Si su valor razonable es positivo se registra como un activo y si es negativo, como un pasivo. En la fecha de contratación se entiende que, salvo prueba en contrario, su valor razonable es igual al precio de la transacción. Los cambios en el valor razonable de los derivados, desde la fecha de su contratación, se registran con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el capítulo Ganancias o Pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas netas. Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria y si, por razones excepcionales, no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados contratados en mercados no organizados.

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El valor razonable de estos derivados se asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen en el instrumento, descontados a la fecha de la valoración (“valor actual” o “cierre teórico”), utilizándose en el proceso de valoración métodos de valoración reconocidos por los mercados financieros, como el del “valor actual neto” o modelos de determinación de precios de opciones, entre otros métodos.

Los saldos de valores representativos de deuda y préstamos y anticipos bajo un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de principal e intereses se valoran a su coste amortizado, siempre que cumplan el test "SPPI" (Solely Payments of Principal and Interest), utilizándose en su determinación el método del tipo de interés efectivo. Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero corregido (en más o en menos, según sea el caso) por los reembolsos de principal y la parte imputada sistemáticamente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además, las correcciones a su valor motivadas por el deterioro. En los préstamos y anticipos cubiertos en operaciones de cobertura de valor razonable se registran aquellas variaciones que se produzcan en su valor razonable relacionadas con el riesgo o con los riesgos cubiertos en dichas operaciones de cobertura.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor inicial de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición más, en su caso, las comisiones y costes de transacción que, por su naturaleza, formen parte de su rendimiento financiero. En los instrumentos financieros a tipo de interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de rendimiento vigente por todos los conceptos hasta la primera revisión del tipo de interés de referencia que vaya a tener lugar.

Los instrumentos de patrimonio y contratos relacionados con esos instrumentos deben medirse al valor razonable. No obstante, en determinadas circunstancias concretas el Banco estima que el coste es una estimación adecuada del valor razonable. Ese puede ser el caso si la información disponible reciente es insuficiente para medir dicho valor razonable, o si existe un rango amplio de mediciones posibles del valor razonable y el coste representa la mejor estimación del valor razonable dentro de ese rango.

Los importes por los que figuran registrados los activos financieros representan, en todos los aspectos significativos, el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito del Banco en cada fecha de presentación de los estados financieros. El Banco cuenta, por otro lado, con garantías tomadas y otras mejoras crediticias para mitigar su exposición al riesgo de crédito, consistentes, fundamentalmente, en garantías hipotecarias, dinerarias, de instrumentos de patrimonio y personales, bienes cedidos en leasing y renting, activos adquiridos con pacto de recompra, préstamos de valores y derivados de crédito.

ii.  Valoración de los pasivos financieros

Los pasivos financieros se valoran generalmente a su coste amortizado, tal y como éste ha sido definido anteriormente, excepto los incluidos en los capítulos Pasivos financieros mantenidos para negociar, Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los pasivos financieros designados como partidas cubiertas en coberturas de valor razonable (o como instrumentos de cobertura) cuyo valor contable se modifica por las variaciones que se produzcan en su valor razonable relacionadas con el riesgo o con los riesgos cubiertos en dichas operaciones de cobertura. Los cambios en el riesgo crediticio derivado de los pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados se registrarán en Otro resultado global acumulado, salvo que generen o aumenten una asimetría contable, en cuyo caso, las variaciones del valor razonable del pasivo financiero por todos sus conceptos se registrarán en la cuenta de resultados.

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iii.  Técnicas de valoración

El siguiente cuadro resume los valores razonables, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, de los activos y pasivos financieros indicados a continuación, clasificados de acuerdo con las diferentes metodologías de valoración seguidas por el Banco para determinar su valor razonable:

(*) En su práctica totalidad, las principales variables (inputs significativos) utilizadas por los modelos se obtienen de datos observables de mercado.

Los instrumentos financieros a valor razonable y determinados por cotizaciones publicadas en mercados activos (Nivel 1) comprenden Deuda Pública, deuda privada, derivados negociados en mercados organizados, activos titulizados, acciones, posiciones cortas de valores y renta fija emitida. La mayor parte de los instrumentos financieros clasificados en este nivel de valoración al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden a Letras del Tesoro.

En los casos en los que no puede obtenerse el valor razonable de un instrumento financiero a partir de sus cotizaciones de mercado, los Administradores del Banco realizan su mejor estimación del valor razonable utilizando sus propios modelos internos. Para realizar esta estimación, se utilizan diversas técnicas, incluyendo la extrapolación de datos observables del mercado. En la mayoría de las ocasiones, estos modelos internos emplean datos basados en parámetros observables de mercado como inputs significativos (Nivel 2) y, en limitadas ocasiones, utilizan inputs significativos no observables en datos de mercado (Nivel 3). Para realizar esta estimación, se utilizan diversas técnicas, incluyendo la extrapolación de datos observables de mercado. La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el momento inicial es el precio de la transacción, salvo que el valor de dicho instrumento pueda ser obtenido de otras transacciones realizadas en el mercado con el mismo o similar instrumento, o valorarse usando una técnica de valoración donde las variables utilizadas incluyan solo datos observables en el mercado, principalmente tipos de interés.

La mayor parte de los instrumentos registrados en el balance por su valor razonable, calculado mediante el uso de modelos internos, son derivados sobre tipos de interés (IRS) y sobre tipo de cambio (CCS y FX Swap y Forward), que se valoran mediante el método del valor presente. Este método de valoración se utiliza, asimismo, para calcular, a efectos informativos, el valor razonable de los instrumentos financieros que se valoran por su coste amortizado en el balance (véase Nota 40). Los flujos de caja futuros esperados se descuentan empleando las curvas de tipos de interés de las correspondientes divisas. Por regla general, las curvas de tipos son datos observables en los mercados, por lo que este método de valoración no incorpora el uso de hipótesis que pudieran afectar significativamente el cálculo del valor razonable de estos instrumentos financieros.

Durante el ejercicio 2020, el Banco ha realizado traspasos de instrumentos financieros entre las diferentes metodologías de valoración, pasando a clasificar en nivel 3 instrumentos financieros por importe de 400.753 miles de euros.

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Criterios generales de valoración    

El Grupo Santander, del que el Banco y el Grupo Santander Consumer Finance forman parte, ha desarrollado un proceso formal para la valoración sistemática y la gestión de instrumentos financieros, implementado globalmente en todas las unidades del Grupo, entre las que se encuentra el Banco. El esquema de gobierno de dicho proceso distribuye responsabilidades entre dos Divisiones independientes: Tesorería (encargada del desarrollo y gestión diaria de los productos financieros y los datos de mercado) y Riesgos  (asume la validación periódica de los modelos de valoración y los datos de mercado, el proceso de cálculo de las métricas de riesgo, las políticas de aprobación de nuevas operativas, la gestión del riesgo de mercado y la implementación de políticas de ajustes de valoración).

La aprobación de un nuevo producto conlleva una secuencia de varios pasos (solicitud, desarrollo, validación, integración en los sistemas corporativos y revisión de la calidad) antes de su puesta en producción. Este proceso asegura que los sistemas de valoración han sido revisados debidamente y que son estables antes de ser utilizados.

Los siguientes apartados detallan los productos y familias de derivados más importantes en el Banco, junto a sus respectivas técnicas de valoración e inputs, por tipo de activo:

Renta fija

La tipología de activos de renta fija incluye instrumentos simples, como swaps de tipos de interés, valorados usando estimaciones de flujos a futuro y calculando el valor presente neto descontando dichos flujos teniendo en cuenta spreads basis (swap y cross currency), dependiendo de la frecuencia de pagos. Las opciones simples (vanilla), incluyendo caps y floors y swaptions, se valoran usando el modelo de Black-Scholes, que es uno de los modelos de referencia en la industria. Para la valoración de derivados más exóticos se usan modelos más complejos generalmente aceptados como estándar entre las instituciones.

Estos modelos de valoración se alimentan con datos de mercado observables como tipos de interés de depósitos, tipos futuros y constant maturity swaps, así como spreads basis, a partir de los que se calculan diferentes curvas de tipos de interés, dependiendo de la frecuencia de pagos, y curvas de descuento para cada divisa. En el caso de las opciones, las volatilidades implícitas constituyen también inputs del modelo. Estas volatilidades son observables en el mercado, tanto para opciones caps y floors como para swaptions, realizándose interpolaciones y extrapolaciones de volatilidades a partir de los rangos cotizados usando modelos generalmente aceptados en la industria. La valoración de derivados más exóticos puede requerir el uso de datos o parámetros no observables, tales como la correlación (entre tipos de interés y entre clases de activos), las tasas de reversión a la media y las tasas de prepago, los cuales se definen generalmente a partir de datos históricos o mediante calibración.

Crédito

El instrumento más usual de esta clase es el Credit Default Swap (CDS), que se usa para cubrir la exposición crediticia frente a una tercera partida. Adicionalmente, también se dispone de modelos para productos First-To-Default (FTD), N-To-Default (NTD) y single-tranche Collateralized Debt Obligation (CDO). Estos productos se valoran con modelos estándar en la industria, que estiman la probabilidad de impago de un emisor individual (para los CDS) o la probabilidad de impago conjunta de más de un emisor para los FTD, NTD y CDO.

Los inputs de valoración son la curva de tipos de interés, la curva de spreads CDS y la tasa de recuperación. La curva de spreads CDS se obtiene en el mercado para índices y emisores individuales importantes. Para emisores menos líquidos, la curva de spreads es estimada usando proxies u otros instrumentos vinculados al crédito. Las tasas de recuperación se fijan generalmente a los valores estándar. Para CDO listados de tranches individuales, la correlación de impago conjunto de varios emisores se obtiene implícitamente del mercado. Para FTD, NTD y CDO a medida, la correlación es estimada mediante proxies (instrumentos cotizados similares a los instrumentos a valorar) o datos históricos cuando no hay otra alternativa posible.

Ajuste a la valoración por riesgo de contraparte o incumplimiento

El Credit Valuation Adjustment (CVA) es un ajuste a la valoración de los derivados OTC (Over The Counter) consecuencia del riesgo asociado a la exposición crediticia que se asume con cada contrapartida.

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El cálculo de CVA se realiza teniendo en cuenta la exposición potencial con cada contrapartida en cada plazo futuro. El CVA para una determinada contrapartida es igual a la suma del CVA para todos los plazos. Para su cálculo se tienen en cuenta los siguientes inputs:

–Exposición esperada: incluyendo, para cada operación el valor de mercado actual (MtM) así como el riesgo potencial futuro (Add-on) a cada plazo. Se tienen en cuenta tanto mitigantes como colaterales y contratos de netting, así como un factor de decaimiento temporal para aquellos derivados con pagos intermedios.

–Severidad: porcentaje de pérdida final asumida en caso de evento de crédito/impago de la contrapartida. 

–Probabilidad de impago/default: para los casos en que no haya información de mercado (curva de spread cotizada mediante CDS, etc.) se emplean probabilidades a partir de ratings, preferiblemente internos.