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Objeto del RDL

El objeto del Real Decreto-ley (en adelante, RDL) es la adopción de medidas de adaptación del ordenamiento jurídico español con el fin de hacer frente a las consecuencias de la retirada de la Unión Europea del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, Reino Unido) sin un acuerdo celebrado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

Entrada en vigor

El RDL entrará en vigor el día en que los Tratados de la Unión Europea dejen de aplicarse al Reino Unido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 TUE, salvo que, previamente a dicha fecha, haya entrado en vigor un acuerdo de retirada formalizado entre la Unión Europea y el Reino Unido, de conformidad con el artículo 50.2 del TUE.

El 10 de abril de 2019 el Consejo Europeo acordó una nueva prórroga para permitir la ratificación del Acuerdo de Retirada hasta el 31 de octubre de 2019.

Temporalidad de las medidas

Uno de los principios del RDL es que se trata de medidas de carácter temporal, dirigidas a facilitar el tránsito hacia la nueva situación derivada de la consideración del Reino Unido como un tercer estado. Su vigencia cesará cuando transcurra el plazo que en cada caso se indica, salvo acuerdo de prórroga del Gobierno.

Principio de continuidad de los contratos

En línea con lo señalado por la Comisión Europea en diversas comunicaciones1 se establece un principio de continuidad de los contratos suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del RDL por entidades domiciliadas y debidamente autorizadas en el Reino Unido que presten servicios en España. Estos contratos mantendrán su vigencia tras dicha retirada y, en consecuencia, conservarán sus efectos las obligaciones de cada una de las partes contenidas en ellos.

Aplicación del régimen previsto para entidades de terceros Estados y obligación de obtener nueva autorización

Sin perjuicio de lo anterior, a las entidades domiciliadas y autorizadas en el Reino Unido que prestan servicios de inversión en España antes citadas se les aplicará el régimen previsto en la Ley del Mercado de Valores y demás normativa sectorial para entidades de terceros Estados.

Estas entidades tendrán que solicitar una nueva autorización para celebrar nuevos contratos, renovar los contratos suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del RDL o para introducir en ellos modificaciones  que supongan la prestación de nuevos servicios en España o que afecten a obligaciones esenciales de las partes, siempre que las actividades vinculadas a la gestión de dichos contratos requieran autorización.

Régimen temporal de autorización

Las actividades vinculadas a la gestión de los contratos suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del RDL2 que tengan la naturaleza de actividades reservadas (requiriendo autorización para su ejercicio) podrán realizarse al amparo de la autorización concedida por las autoridades competentes del Reino Unido durante nueve meses3 desde la entrada en vigor del RDL, siempre que se realicen con la finalidad de llevar a cabo la terminación o cesión de dichos contratos a una entidad debidamente autorizada o se haya solicitado en España autorización al amparo de cualquiera de los regímenes previstos en la legislación vigente, incluida la creación de una filial.

En el caso de solicitudes de autorización en España, el plazo de vigencia de nueve meses desde la entrada en vigor del RDL se aplicará aunque la solicitud fuese anterior a dicha entrada en vigor, y la vigencia temporal de la autorización del Reino Unido decaerá si se desestimase la solicitud.

Las entidades que se acojan al régimen temporal de autorización estarán sometidas al régimen jurídico aplicable con anterioridad a la entrada en vigor del RDL, disponiendo la CNMV y el resto de autoridades financieras supervisoras de las facultades que les atribuye la normativa vigente, pudiendo incluso dejar sin efecto el régimen temporal en caso de no atenderse requerimientos formulados a dichas entidades.

Posible desarrollo por parte del Gobierno y medidas de la CNMV

El Gobierno o los Ministerios correspondientes están habilitados para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el RDL.

La CNMV, en los ámbitos de su competencia, puede adoptar cuantas medidas sean pertinentes para garantizar la seguridad jurídica y para salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios financieros que pudieran verse afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea.