Buscar

El proceso Lamfalussy se utiliza en la Unión Europea para el desarrollo legislativo de los servicios financieros (valores, banca y seguros). Debe su nombre al presidente del comité asesor que lo creó, en marzo del 2001, Alexandre Lamfalussy, y está constituido por cuatro niveles, cada uno de ellos centrado en un estadio específico de la creación e implementación de la legislación financiera.

En el primer nivel, se encuentran las Directivas y Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los que ESMA puede, ocasionalmente, ser requerida para prestar asistencia técnica a la CE.

El segundo nivel está formado por las Directivas y Reglamentos emitidos por la Comisión Europea. En este nivel, ESMA tiene un importante papel que consiste en la redacción de los proyectos de normas técnicas (draft technical standards) que luego la CE adoptará como normas en forma de Reglamentos o Decisiones. Estas normas técnicas pueden ser de regulación o de implementación. Las normas técnicas de regulación se refieren al contenido o requisitos sustantivos de la legislación, mientras que las normas técnicas de implementación son medidas de ejecución de tales requisitos sustantivos lo que puede incluir formularios, modelos y procedimientos en general.

En el tercer nivel, ESMA emitirá guías y recomendaciones para lograr unas prácticas de supervisión consistentes, eficientes y efectivas y asegurar la aplicación uniforme del derecho de valores en la UE. Estas guías, si bien no son obligatorias, las autoridades competentes deberán hacer los esfuerzos oportunos para alcanzar su cumplimiento o explicar la razón de su incumplimiento y, asimismo los participantes en los mercados podrán ser requeridos para informar públicamente acerca de su cumplimiento.

En el cuarto nivel, el objetivo es el cumplimiento consistente de la legislación de la UE y de ESMA, para lo cual ESMA puede –por iniciativa propia o tras ser requerida para ello- comenzar una investigación sobre la que emitirá una recomendación a la Autoridad Competente nacional pertinente en el plazo de dos meses desde que empezó la investigación.

Este sistema pretende lograr interpretaciones más consistentes de la legislación comunitaria, mayor convergencia en las prácticas supervisoras  nacionales, y calidad técnica en la legislación de servicios financieros.