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1 ¿Cuál es el ámbito de aplicación del artículo 19 del RDL?, ¿a qué tipo de entidades afecta?

El artículo 19 del RDL se refiere a los contratos de prestación de servicios bancarios, de valores o servicios de inversión, de seguros u otros servicios financieros, en los que una entidad preste servicio en España estando domiciliada en el Reino Unido y autorizada o registrada por la autoridad competente del Reino Unido.

En consecuencia, atendiendo a las competencias que, en el ámbito de la autorización de nuevas entidades tiene la CNMV, deben entenderse comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 19 del RDL, las Empresas de Servicios de Inversión, las SGIIC y SGEIC del Reino Unido (en adelante, las Entidades) que prestan servicios de inversión en España bien en régimen de libre prestación de servicios o mediante establecimiento (entendiéndose por tal, las sucursales y los agentes vinculados domiciliados en España).

2 ¿Qué se entiende por autorización o registro concedido inicialmente por la autoridad británica competente?

El apartado 3 del artículo 19 del RDL determina que la autorización o registro concedido inicialmente por la autoridad británica competente a las Entidades mantendrá provisionalmente su vigencia por un periodo de nueve meses tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

Debe entenderse que el artículo 19 del RDL se refiere a las Entidades mencionadas en la pregunta 1 autorizadas por la autoridad británica competente que estuvieran haciendo uso del denominado “pasaporte europeo” para prestar servicios en España, es decir, con respecto a las que dicha autoridad hubiera remitido a la CNMV, con anterioridad a la salida efectiva del Reino Unido, la comunicación prevista en el artículo 341 (libre prestación de servicios y actividades de inversión) o el artículo 352 (establecimiento de una sucursal o recurso a un agente vinculado) de la Directiva 2014/65/UE; en el artículo 17 (establecimiento de sucursal) o 18 (libre prestación de servicios) de la Directiva 2009/65/UE3; o en el artículo 33 (gestión en libre prestación de servicios o mediante el establecimiento de sucursal) de la Directiva 2011/61/UE4.

3 Una vez que el RDL entre en vigor, ¿cuáles son las limitaciones a la prestación de servicios de inversión y actividades auxiliares de las entidades en España?

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el artículo 19 del RDL determina que a las Entidades se les aplicará el régimen previsto en la norma para empresas de terceros Estados.

Para que ello no interfiera en la gestión de los contratos suscritos con clientes con anterioridad a la efectiva retirada del Reino Unido de la Unión Europea, en caso de que se requiera autorización, se acepta que los efectos que, conforme al régimen de pasaporte europeo tenía la autorización en su día concedida por el Reino Unido continúen vigentes parcialmente, mientras se tramita la solicitud de una nueva autorización, como máximo durante los nueve meses posteriores a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El mismo régimen temporal es aplicable en caso de no solicitar una nueva autorización aunque únicamente en la medida en que la gestión vaya orientada a propiciar una relocalización o terminación ordenada de los contratos.

En todo caso, esta extensión temporal parcial de los efectos de las autorizaciones previas solo permitirá la gestión de los contratos firmados con anterioridad a la fecha de salida del Reino Unido, pero no dará cobertura a nuevas actividades.

Tampoco dará cobertura para renovar contratos o introducir modificaciones que supongan la prestación de nuevos servicios en España o que afecten a obligaciones esenciales, ni para celebrar nuevos contratos.

4a ¿Qué tipo de autorización puede solicitarse para poder aplicar este régimen transitorio que permite seguir prestando limitadamente servicios de inversión en España transcurrido ese periodo?

La letra b) del apartado 3 del artículo 19 del RDL contempla la posibilidad de que las Entidades soliciten autorización en España al amparo de cualquiera de los regímenes previstos en la legislación vigente, incluida autorización para la creación de una filial.

4b ¿Qué regímenes permitirían seguir operando en España de manera indefinida?

Una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea, las Entidades podrán seguir operando en España, previa autorización, bien de modo indirecto, constituyendo una empresa de servicios de inversión filial, conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del Título V del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante LMV) relativo a las empresas de servicios de inversión, o bien acogiéndose al régimen de terceros Estados, regulado en la Sección 2ª del Capítulo III del referido Título V de la LMV (artículos 171 y 173) y en la Sección 2 del Capítulo V del Título I del RD 217/2008, de 15 de febrero (artículos 28 ter y 29 bis, ter y quáter). En el caso de acogerse al régimen de terceros Estados deberán solicitar la correspondiente autorización dependiendo de si la prestación de servicios de inversión en España se realiza mediante la apertura de una sucursal o en régimen de libre prestación de servicios. Otra opción es ser autorizado en cualquiera de las formas previstas en la normativa europea por las autoridades de otro Estado miembro de la Unión Europea y que se notifique esta circunstancia a las autoridades españolas de acuerdo con el régimen de pasaporte europeo.

Es de interés recordar que el régimen de terceros Estados exige en todo caso la apertura de una sucursal cuando una empresa de un tercer Estado pretenda prestar en España servicios de inversión y auxiliares a clientes minoristas y a clientes profesionales de los contemplados en el artículo 206 de la LMV, y que la CNMV también puede exigir, atendiendo al volumen de actividad, la complejidad de los productos o servicios o a razones de interés general, que la empresa de un tercer país establezca una sucursal aunque tenga previsto operar únicamente con contrapartes elegibles y clientes profesionales “per se” (de los contemplados en el artículo 205 de la LMV). La CNMV considera que el supuesto normal será el de exigencia de establecimiento de una sucursal.

5 Una vez que el RDL 5/2019 entre en vigor, ¿cuáles serán las limitaciones a la actividad de gestión de carteras colectivas (IIC y ECR) de las Entidades en España?

Una vez que entre en vigor el RDL, las Entidades que estén llevando a cabo una actividad de gestión de carteras colectivas o prestando cualquier otro servicio de inversión que les esté permitido por la normativa actual, quedarán sometidas al régimen previsto para entidades de terceros Estados.

No obstante, para facilitar su adaptación al nuevo marco normativo, también les será aplicable el régimen transitorio de nueve meses tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, siempre y cuando se requiera autorización para la gestión de los contratos firmados con anterioridad a esa fecha, con el objetivo de, bien proceder a una terminación o cesión ordenada de los mismos a una entidad debidamente autorizada, bien solicitar autorización en España para continuar con su actividad, ellas mismas directamente o a través de una filial.

Este periodo transitorio, no obstante, no dará cobertura a la suscripción de nuevos contratos, la renovación de los contratos suscritos con anterioridad o la modificación de las actividades llevadas a cabo por las Entidades, ni tampoco a la modificación de las obligaciones esenciales de las partes involucradas en dichos contratos.

6 ¿Qué regímenes están previstos en España para las sociedades gestoras de carteras colectivas?

En el caso de que se opte por solicitar autorización para llevar a cabo la actividad propia de las gestoras en España, las Entidades podrán hacerlo de tres maneras:
  • Constituyendo una sociedad gestora. En el caso de que la gestora realice las actividades propias de una SGIIC, se hará conforme a lo dispuesto en el Título IV, Capítulo II de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Ahora bien, si se trata de las actividades reservadas a una SGEIC, será conforme al Título II, Capítulo I de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

  • Realizando libre prestación de servicios con o sin sucursal. Para ello deberán solicitar la autorización prevista en el artículo 56.1 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y desarrollado por el artículo 125 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. Hasta el momento no ha sido concedida por la CNMV ninguna autorización de este tipo.

  • ­ Otra opción es ser autorizado en cualquiera de las formas previstas en la normativa europea por las autoridades de otro Estado miembro de la Unión Europea y que se notifique esta circunstancia a las autoridades españolas de acuerdo con el régimen de pasaporte europeo.

7 Servicios prestados en ejecución o en el marco de contratos duraderos o de tracto sucesivo entre la entidad y el cliente

El artículo 19 del RDL se refiere exclusivamente a los servicios prestados por las Entidades a sus clientes conforme a contratos documentados duraderos o de tracto sucesivo, quedando por tanto fuera del ámbito de aplicación todos aquellos servicios que se puedan llevar a cabo de modo incidental u ocasional, al margen de un contrato que responda a una relación duradera entre la entidad y el cliente.

Como ejemplo, los servicios de gestión de carteras, de asesoramiento de inversión o de custodia pueden seguir siendo prestados por el periodo y con la finalidad indicada en la pregunta 3 en los términos establecidos en el contrato suscrito, al permanecer provisionalmente vigente a estos efectos durante nueve meses tras la salida del Reino Unido la autorización o registro inicialmente concedido por la autoridad británica competente. Y lo mismo cabe señalar en relación con servicios como el de recepción y transmisión de órdenes prestados en el marco de un contrato suscrito con anterioridad a la salida de Reino Unido que establezca el régimen aplicable a la relación regular entre el cliente y la entidad en relación con los mismos siempre que inmediatamente antes de dicha salida se hubieran estado prestando de modo efectivo y regular los servicios correspondientes.

En ausencia de un contrato previo de este tipo, sin embargo, no podrán prestarse con carácter puntual servicios como la recepción y transmisión de órdenes, operaciones obre instrumentos financieros derivados o el asesoramiento en materia de inversión al amparo del régimen provisional de nueve meses establecido (aun cuando se hubieran prestado en el pasado).

8 ¿Deben remitir las Entidades una notificación a la CNMV informando con carácter previo por cuál de las opciones previstas en las letras a) y b) del número 3 del artículo 19 van a optar?

El régimen de continuidad de los contratos previsto en el artículo 19 del RDL no prevé ningún tipo de comunicación previa por parte de las Entidades a la CNMV.

Tal y como se señala en la letra b) del número 3 del artículo 19, las Entidades que opten por solicitar autorización en España al amparo de cualquiera de los regímenes previstos en la legislación vigente, deberán simplemente promover ante la CNMV el correspondiente expediente de autorización.

9 Lo establecido respecto del procedimiento de autorización en el Welcome Programme de la CNMV, ¿es aplicable solo a empresas que quieren relocalizarse en España o también a la prestación de servicios sin establecimiento físico?

La CNMV aplicará el régimen de autorización previsto en el Welcome Programme tanto a filiales como a sucursales pero no a aquellas entidades que tengan previsto actuar simplemente en régimen de libre prestación de servicios y, por tanto, sin presencia física.

10 Plazo para solicitar autorización en España al amparo de cualquiera de los regímenes previstos en la legislación vigente ¿desde cuándo debe contarse el plazo de la vigencia provisional de la autorización original, desde la salida del RU de la UE sin acuerdo o desde que se solicita la autorización?

Las Entidades podrán solicitar autorización en España en cualquier momento.

La vigencia provisional terminará en el momento en que se produjera la desestimación de la autorización solicitada y, en todo caso, a los nueve meses de la salida del RU sin acuerdo. Lo mismo resulta de aplicación en el caso de que la solicitud de autorización se presente con posterioridad a la salida del RU de la UE sin acuerdo.

La única especialidad en este caso sería que, durante el tiempo que transcurra entre la salida del RU de la UE sin acuerdo y la fecha de solicitud de la nueva autorización, la entidad solo podrá haber actuado con la finalidad de llevar a cabo, conforme a las cláusulas contractuales, la ordenada terminación o cesión de los contratos a una entidad debidamente autorizada.

11 ¿Qué Fondo de Garantía cubre las operaciones realizadas en el periodo transitorio de nueve meses establecido en el RDL?

Para poder gozar de las previsiones contenidas en el RDL respecto del periodo transitorio es requisito ineludible que los clientes estén cubiertos por un fondo de garantía de inversiones. Si dicha cobertura no se produce por parte de las instituciones británicas, la entidad prestadora de los servicios deberá adherirse al FOGAIN español. En caso contrario, la CNMV exigirá el inmediato cierre de posiciones y la terminación.

12 ¿Qué ocurre después del periodo transitorio?

12 a) Acceso a centros de negociación del Reino Unido y de la UE

El marco legal español no establece ningún requisito que deban cumplir las entidades españolas para poder ser miembros de mercados de terceros países.

Respecto a la situación inversa (acceso a centros de negociación españoles de miembros remotos de terceros países), la legislación española no contempla requisitos distintos de los establecidos para miembros domiciliados en la UE. La CNMV supervisa que se cumplen los requisitos de membresía establecidos en el artículo 69 de la LMV y en el reglamento del mercado correspondiente.

No será necesario que las entidades del Reino Unido requieran una nueva autorización para ejecutar órdenes de clientes o para negociar por cuenta propia para continuar siendo miembros de los mercados de valores españoles, dado que esta circunstancia ya constaba en la autorización que se aportó originalmente.

12 b) Acceso electrónico directo (DEA)

Tras el periodo transitorio, se plantea la duda de si inversores británicos podrán utilizar acceso DEA a mercados españoles proporcionado por miembros de mercados españoles.

La CNMV considera que no será preciso que los usuarios DEA domiciliados en el Reino Unido sean ESI autorizada por un país miembro de conformidad con MiFID II para continuar utilizando los servicios de los mercados españoles mediante acceso DEA.

En cuanto al proveedor de acceso DEA, conforme a MiFID II debe tener la condición de ESI.

12 c) Negociación OTC

Las entidades podrán seguir negociando operaciones bilaterales (OTC) de compraventa de valores no sujetos a la obligación de negociación, durante el periodo transitorio con entidades españolas.

Respecto a la negociación de derivados OTC, las entidades podrán seguir celebrando operaciones de derivados OTC con las contrapartes con las que tenían operaciones o contratos pre-existentes durante el periodo transitorio, en el caso de que las nuevas operaciones sean consecuencia directa, supongan modificaciones no esenciales o que estuviesen explícitamente previstas en los contratos pre-existentes, al no tener la consideración de nuevos contratos.

En todo caso, durante el periodo transitorio y tras la finalización del mismo, aquellas operaciones que sean a iniciativa exclusiva de la parte europea (española) no requerirán que la contraparte radicada en el Reino Unido tenga licencia en la UE, lo que, por supuesto incluye el caso de que dos firmas reguladas deseen llevar a cabo operaciones (interbroker-dealers activity) si es la entidad española la que solicita la celebración de una operación al broker-dealer de RU.

12 d) ¿Cómo afecta el Brexit a la comercialización en España de UCITS domiciliados en Reino Unido o Gibraltar y FIA domiciliados o con gestora en Reino Unido o Gibraltar a partir de la retirada efectiva del Reino Unido de la Unión Europea?

Al amparo de lo previsto en el art.19.1 del RDL tanto los UCITS como los FIA se mantendrán en el registro de IIC extranjeras comercializadas en España de acuerdo con las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE durante el periodo de 9 meses desde la salida sin acuerdo del RU. A partir de dicha fecha la CNMV no tramitará solicitudes de pasaporte procedentes de RU, aplicándose en tales casos el régimen previsto para los terceros países.

Finalizado el plazo de nueve meses la CNMV dará de baja de oficio todas aquellas UCIT y FIA que no hayan regularizado su situación (solicitando autorización para su comercialización al amparo de lo previsto para terceros países, mediante la fusión con entidades de la UE o solicitando su baja en el correspondiente registro). En cualquier caso, durante este periodo transitorio, y en tanto no se regularice la situación, no se podrán realizar actividades de comercialización.

  • 1 Artículo 169 LMV.
  • 2 Artículo 167 LMV.
  • 3 Artículo 55 Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
  • 4 Artículo 82 Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.